El Supremo obliga al Estado a abrir el algoritmo que asigna el bono social

Cuarto de contadores de la luz en una comunidad de vecinos.

El Tribunal Supremo ha resuelto que el Gobierno deberá dar acceso al código fuente de Bosco, el algoritmo que asigna el llamado bono social, las ayudas estatales para el pago de la factura de la luz. La sentencia es la respuesta a un recurso de casación interpuesto por la Fundación Ciudadana Civio, que obtuvo la negativa de la Administración para abrir Bosco en instancias previas. Es la primera vez en España que los tribunales deciden que se conozcan los detalles del funcionamiento de un algoritmo que gestiona bienes públicos.

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 El tribunal consagra el “derecho a la información pública” en la primera sentencia que exige a la Administración desvelar cómo funciona un proceso de decisión automatizado  

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Es la primera vez que los tribunales exigen a la Administración que se conozca cómo funciona un proceso de decisión automatizado

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Manuel G. Pascual

El Tribunal Supremo ha resuelto que el Gobierno deberá dar acceso al código fuente de Bosco, el algoritmo que asigna el llamado bono social, las ayudas estatales para el pago de la factura de la luz. La sentencia es la respuesta a un recurso de casación interpuesto por la Fundación Ciudadana Civio, que obtuvo la negativa de la Administración para abrir Bosco en instancias previas. Es la primera vez en España que los tribunales deciden que se conozcan los detalles del funcionamiento de un algoritmo que gestiona bienes públicos.

“El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos”, lee la sentencia, “especialmente cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales”.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico denegó a Civio ese acceso en reiteradas ocasiones. “No consideramos necesario que haya que otorgar acceso al código fuente para reclamarle posibles responsabilidades a la Administración”, dijo el abogado del Estado que defendía al Gobierno durante la vista del Supremo, celebrada en el mes de julio.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]

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Sobre la firma

Manuel G. Pascual

Es redactor de la sección de Tecnología. Sigue la actualidad de las grandes tecnológicas y las repercusiones de la era digital en la privacidad de los ciudadanos. Antes de incorporarse a EL PAÍS trabajó en Cinco Días y Retina.

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